Tras más de veinte años de recorrido, podría parecer hasta redundante comenzar estos comentarios recordando las magníficas virtudes de nuestra Zona Especial, su singularidad sin parangón en nuestra unida Europa y la magnitud de las ventajas competitivas que provee.
Sin embargo, y sin perjuicio de la permanente y valiosa labor que desarrolla el Consorcio, sus directivos y sus técnicos, y el esfuerzo promocional de los Cabildos y Gobierno de Canarias, aún no se ha optimizado el potencial de esta figura.
Ciertamente, el conocimiento de nuestro REF en el exterior es cada vez más notable, pero, a pesar de ello, seguimos estando lejos de donde deberíamos estar. La ZEC debe convertirse, y por extensión nuestro REF en su conjunto, en el verdadero y principal motor de la atracción de inversión a Canarias, saliendo así de la inercia hacia las grandes inversiones inmobiliario turísticas, que más pronto que tarde se agotarán por mor de nuestra limitación territorial. Este, en mi opinión, es el primer gran desafío que hemos de afrontar en los próximos años.
Debemos intensificar los esfuerzos para que la ZEC, frente a los paraísos fiscales, se consolide como referencia mundial entre las zonas de tributación privilegiada legítima, respaldada por la Unión Europea, localizada en unas soleadas islas europeas, dotadas no sólo de una naturaleza y climatología privilegiada, sino de un régimen Económico y Fiscal espléndido que sinérgica y eficientemente coordinado multiplica exponencialmente las ventajas de cualquiera de sus herramientas. Si a ello le añadimos el valor geoestratégico que la implantación en Canarias puede tener a nivel mundial y como plataforma a caballo entre tres continentes, y particularmente como balcón al continente africano, debemos convenir que todavía no hemos dado con la tecla que nos lleve a la atracción masiva de proyectos.
Desde mi punto de vista, debemos profundizar, y es una responsabilidad de todos los agentes económicos implicados, en potenciar la promoción exterior focalizada en los profesionales extranjeros de la fiscalidad, en los asesores tributarios cualificados, en los directores financieros de las grandes empresas internacionales, esto es, en los entendidos que apreciarán las singularidades técnicas con inmediatez, y que, en segundos, sabrán estimar y ver los ahorros fiscales y ventajas competitivas que podrían obtener para sus clientes. En nuestro desempeño profesional, eminentemente volcado a la atención de inversores extranjeros, nos seguimos sorprendiendo cada día ante el desconocimiento que los profesionales extranjeros de nuestro sector suelen tener acerca de la fiscalidad de nuestro territorio. El foco, por tanto, debe girar hacia ellos. De hacerlo, dispondremos de un singular y gratuito “departamento de marketing” que trabajará de forma interesada en beneficio de sus clientes y jefes, pero que al tiempo hará para Canarias un trabajo impagable.
El incentivo en sí mismo lo tiene todo, tributación sobre beneficios inigualable, exenciones en la tributación indirecta, libre repatriación de dividendos entre personas jurídicas y además, desde 2015, exención en la doble imposición interna inter-societaria. Esta última consecución, conjuntamente con la desde siempre validada legitimación de las actividades preexistentes como candidatas a integrarse en el Registro ZEC, debiera haber abierto definitivamente el melón del acceso generalizado del empresariado local al beneficio fiscal.
Nuestra pequeña y mediana empresa, -nuestros mayores creadores de empleo-, no sólo no se han convertido en masivos y recurrentes solicitantes de la aplicación del beneficio, sino que muchos desconocen aún las virtudes y ventajas del mismo, vinculándolo sistemáticamente a una oportunidad limitada a los inversores de fuera. Así, la mayoría ha basado desde siempre su planificación fiscal en la sempiterna apelación a la Reserva para Inversiones y a la Deducción por Inversiones, que, si bien se han revelado como mecanismos eficaces, ciertamente requieren una exigencia que en numerosas ocasiones ha desbordado la capacidad financiera y estructural del empresariado.
La generación de riqueza y el crecimiento no tienen por qué estar únicamente relacionados con las obligaciones de reinversión masivas y a granel de beneficios a cambio de ahorrar impuestos, sino también con la capacidad, por una parte del empresario, para promover nuevas ideas, para convertirlas en realidad, para innovar, para “inventar” nuevos puestos de trabajo, y por otra, de la Administración, para incentivar y premiar todo ese esfuerzo, para validarlo y protegerlo, y para asegurarle unos cimientos sólidos y firmes. Tenemos un empresariado creativo, luchador y proactivo, que necesita información y respaldo. Negocios reales y sólidos validarán empleos sólidos y duraderos. He aquí otro sector que multiplicará la difusión de la ZEC entre sus interlocutores empresariales, locales y extranjeros.
La ZEC debe invertir las jerarquías del REF, ganar más peso específico si cabe, y convertirse en la “joya de la corona”, en la referencia no sólo exterior sino local, sin olvidarnos de que, la combinación estratégica y calculada de la misma con los otros incentivos del régimen, y con otras medidas de general implantación pero olvidada promoción, como la denominada “golden visa”, generaría escenarios óptimos donde tienen cabida los intereses empresariales más diversos, desde el mero inversor hasta el más puro emprendedor, desde el empresario local hasta el capitalista extranjero que traslada su residencia hasta nuestra región.
Por último, no puedo terminar sin apelar a la necesidad de trabajar en el permanente reforzamiento de la seguridad jurídica, principal garante de nuestro régimen, que debe venir dada por la mejora de la coordinación entre Administraciones, por la intensificación del liderazgo que nuestro gobierno autonómico debe asumir en su defensa y perpetuación, y por la necesaria integración del gobierno español y las autoridades tributarias de ámbito nacional en la dinámica de su promoción y difusión. Sin perjuicio de la absolutamente necesaria obligación de fiscalización que la Inspección debe sin duda desarrollar de forma que ahuyentemos a los especuladores y defraudadores que puedan ver en la ZEC un refugio para cualquier ilícita intención, las autoridades tributarias estatales deben, en aras del interés común, sumarse a los esfuerzos de nuestras administraciones regionales y locales, para poner en valor la absoluta necesidad de su legítima existencia.
Debemos todos, administración en primer término, y agentes económicos implicados, comprometernos a proveer al empresariado con un entendimiento uniforme, sólido y duradero en el tiempo de las ventajas que ofrece la ZEC y de su articulado regulador. Sólo así se conseguirá la necesaria unidad de criterio y el refuerzo definitivo contra la injustificada y aislada opinión de algunos de que únicamente genera competencia desleal y menor recaudación, lo cual desvirtúa su verdadero espíritu y el hecho de que es una excelente y vital herramienta de contribución al sostenimiento y crecimiento económico de las islas y, a mi modo de ver, la culminación de una fiscalidad mejorada y privilegiada de la que siempre fuimos históricamente proveídos y de la que nuestra región siempre ha sido absolutamente merecedora.
